Si bien los Tribunales ordinarios en cada jurisdicción son los primeros garantes de los derechos y libertades, también frente a la vulneración de los Derechos Fundamentales, desde nuestro despacho extendemos su defensa ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Debido a la complejidad de estos procedimientos y gracias a nuestra especialización en esta clase de recursos, ofrecemos al cliente una defensa de sus derechos eficaz y experta, con total transparencia y objetividad, estudiando en profundidad cada caso concreto e informando de sus posibilidades reales de éxito mediante un informe previo de viabilidad.
PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL
- En primer lugar, mediante los recursos que prevé el ordenamiento jurídico ante la jurisdicción ordinaria. Fundamentalmente: procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona en el ámbito de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, e incidentes excepcionales de nulidad de actuaciones. Igualmente se puede exponer una queja ante el Defensor del Pueblo.
- A continuación, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, pues la tutela y defensa de esos derechos y libertades por parte del Alto Tribunal es siempre subsidiaria, siendo necesario que se hayan agotado todos los recursos ordinarios o extraordinarios en la vía judicial previa.
PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
- El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, es competente para conocer de demandas basadas en violaciones de derechos civiles y políticos enunciados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y sus Protocolos. Para acudir al TEDH es necesario haber intentado la reparación del derecho fundamental mediante la interposición de un recurso de amparo.
- Ante la Comisión Europea se pueden formular igualmente denuncias por la vulneración de las disposiciones del Derecho de la UE, de la jurisprudencia de su Tribunal de Justicia, y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.
- El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es el órgano encargado de supervisar la aplicación por los Estados del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, teniendo la facultad de examinar las denuncias individuales relativas a violaciones de derechos humanos.
